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cómo se paga con el acuerdo de outsourcing

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MÉXICO.- El Gobierno federal, empresas y sindicados acordaron las directrices sobre el outsourcing y el reparto de utilidades en el país.

Sobre el reparto de utilidades se estipuló la creación de dos modalidades para el cálculo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital.

Pactaron agregar al Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) la Fracción VIII que fija el tope para la PTU.

¿Cómo será el reparto de utilidades?

Actualmente, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas es del 10 por ciento aplicable sobre la renta gravable. Con esta reforma se crearán dos modalidades para el cálculo del reparto de utilidades.

Será con un límite de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

Sin reparto de utilidades

La subcontratación ilegal se puede ver en dos vertientes: la subcontratación de personal en la que los trabajadores no gozan de todas sus prestaciones. Otra vertiente es una subcontratación que defrauda al propio trabajador, en lo que llaman las empresas el insourcing, en la que el trabajador ya no recibe reparto de utilidades.

De esta forma, se abre la posibilidad de que los trabajadores que actualmente se encuentran subcontratados pasen a formar parte directamente de la empresa y pueda gozar de todas las prestaciones que marca la ley, incluyendo su acceso al Infonavit y a un fondo de pensión.

El acuerdo sobre el outsourcing busca también establecer reglas precisas a fin de que las personas físicas y morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, erradicando de este modo prácticas que operan en la actualidad, a través de diversas formas de simulación laboral en perjuicio de los trabajadores y el erario público.

 Los acuerdos alcanzados comprenden:

  • La prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.
  •  El registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas.
  • La responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento.
  • El otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

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