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La amenaza invisible para los civiles en el este de Ucrania

La amenaza invisible para los civiles en el este de Ucrania

Unos 350 civiles murieron en 2020 víctimas de minas o restos de explosivos

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) –

M√°s de 3.000 civiles han perdido la vida en el este de Ucrania desde que estall√≥ el conflicto separatista en 2014. De ellos, al menos 349 han fallecido v√≠ctimas de la explosi√≥n de minas o restos de explosivos, artefactos ambos que amenazan la supervivencia y tambi√©n el d√≠a a d√≠a de m√°s de dos millones de personas, seg√ļn datos de la ONU.

Las autoridades ucranianas estiman que unos 7.000 kil√≥metros cuadrados –el 8 por ciento del territorio– est√°n “contaminados” solo en zonas controladas por el Gobierno, “lo que equivale a un mill√≥n de campos de f√ļtbol”, enfatiza el jefe de la Oficina para la Coordinaci√≥n de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Ucrania, Ignacio Le√≥n Garc√≠a, en declaraciones a Europa Press.

Esta amplia presencia de las minas y los restos de explosivos se traduce en un riesgo que no cesa, como quedó de manifiesto en 2020, cuando 16 civiles murieron y 57 resultaron heridos por incidentes relacionados. El dato de víctimas representa un aumento del 25 por ciento respecto al de 2019 y preocupa a las organizaciones que trabajan sobre el terreno.

El alto el fuego en vigor desde julio de 2020 ha logrado calmar los combates en la zona que rodea la denominada ‘l√≠nea de contacto’ y, aunque se siguen registrando violaciones recurrentes de dicho acuerdo, “la mayor√≠a de las v√≠ctimas civiles que ocurrieron despu√©s se deben a incidentes relacionados con minas”, se√Īala Garc√≠a.

Vivir en una zona potencialmente minada acarrea “problemas cr√≠ticos” tanto de √≠ndole f√≠sica como mental, derivados del estr√©s que supone estar expuestos a un riesgo que no siempre es evidente a simple vista y que cuenta entre sus v√≠ctimas a ni√Īos –m√°s de 250.000 viven cerca de la ‘l√≠nea de contacto’–, ajenos en muchos casos al peligro que deriva de ciertos artefactos dejados en campo abierto.

El responsable de la OCHA advierte de que esta contaminaci√≥n impide que la gente use tierras agr√≠colas para cultivos o ganader√≠a, que “son la principal forma de subsistencia para muchas personas en el este de Ucrania”, complica la reparaci√≥n de infraestructuras, limita la libertad de movimiento y bloquea que las personas desplazadas puedan volver a sus hogares.

EFECTOS A LARGO PLAZO

“Llevar√° a√Īos limpiar los terrenos contaminados en el este de Ucrania”, asume Garc√≠a, que apunta como primer paso en la erradicaci√≥n de esta lacra la realizaci√≥n de estudios que permitan “localizar, identificar y cuantificar la escala y naturaleza de la amenaza”.

“Dado que el acceso a las zonas que est√°n fuera del control del Gobierno en el este de Ucrania sigue estando muy limitado, la magnitud de la contaminaci√≥n sigue siendo muy desconocida en estos territorios”, dice, en relaci√≥n a las √°reas de Donetsk y Lugansk que permanecen dominadas por los separatistas prorrusos y donde la presencia de artefactos sin explotar ser√≠a “sustancial”.

Tambi√©n la Campa√Īa Internacional para la Prohibici√≥n de las Minas Antipersona (ICBL, por sus siglas en ingl√©s) admite que “la amplitud de la contaminaci√≥n todav√≠a se desconoce” y su directora editorial, Marion Loddo, avisa de que incluso los datos sobre posibles v√≠ctimas, que “siguen siendo altos”, pueden estar “subestimados”.

Entretanto, los actores humanitarios incorporan las acciones relativas a minas como “parte integral” de sus trabajos de protecci√≥n en el este de Ucrania, de tal forma que se realizan no solo tareas de vigilancia y limpieza, sino tambi√©n asistencia a v√≠ctimas y educaci√≥n. Seg√ļn Garc√≠a, las organizaciones formaron solo en 2020 a 65.000 personas sobre los riesgos de los restos de explosivos.

El jefe de la OCHA, no obstante, recuerda que trabajos como la asistencia a las v√≠ctimas tienen que seguir incluso “a√Īos despu√©s de que se resuelva el conflicto y las √ļltimas minas hayan sido eliminadas”, ya que “a√ļn requerir√°n a√Īos de ayuda en su camino hacia la recuperaci√≥n”.

La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona, también conocida como el Tratado de Ottawa, estipula que este tipo de armas no pueden usarse en zonas habitadas por su carácter especialmente indiscriminado, que no entiende de objetivos.

Garc√≠a llama a respetar este acuerdo en cualquier escenario e insta a las partes beligerantes a salvaguardar la integridad de los civiles. Al Gobierno central le pide “un sistema eficaz de acci√≥n frente a minas”, recordando que no fue hasta finales de 2018 cuando aprob√≥ una ley que recoge compromisos sobre este tipo de armamentos.

La ley incluye una serie de iniciativas que “no se han aplicado hasta la fecha”. “A√ļn no hay un marco para una autoridad y un centro nacionales de acciones sobre minas”, al igual que no hay “una labor sistem√°tica para ayudar a las v√≠ctimas”, lamenta el responsable de la OCHA, partidario por ejemplo de establecer una base de datos clara.

En las zonas ajenas al control el Gobierno, “la magnitud de los problemas sigue sin estar documentada”, pero Garc√≠a reclama que al menos se autorice el acceso a los expertos artificieros para que eval√ļen claramente la situaci√≥n sobre el terreno de cara a la realizaci√≥n de futuros trabajos de limpieza.

El director de la ICBL, H√©ctor Guerra, coincide en valoraciones a Europa Press en que, “considerando el significativo impacto humanitario de la contaminaci√≥n sobre la poblaci√≥n local, es necesario que Ucrania desarrolle y ponga en pr√°ctica de forma urgente un plan de acci√≥n para educar de los riesgos sobre las minas”.

Guerra insta a Kiev a suscribir los tratados que limitan el uso de bombas de racimo, habida cuenta de que se atribuye el uso de este tipo de arma –que se divide en submuniciones en el aire y se dispersa de forma indiscriminada– a todos los bandos enfrentados. Ucrania “posee un arsenal heredado de la Uni√≥n Sovi√©tica”, por lo que Guerra recomienda su destrucci√≥n completa “para impedir m√°s sufrimiento”.

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