Internacional

Biden endurecerá la posición de EE.UU. frente a Rusia

Ludmila Vinogradoff

Washington
Actualizado:21/01/2021 22:16h

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El Gobierno de Joe Biden buscará endurecer la relación con Rusia a la vez que tratará de ampliar durante cinco años el tratado de armas nucleares New START quele une con Moscú. «Mientras trabajamos con Rusia también lo haremos para que Rusia sea responsable de las acciones temerarias y agresivas que hemos visto en los últimos años», aseguró un alto cargo del equipo de política exterior del nuevo presidente a «The Washington Post».

A Biden no le sobra tiempo para sentar las bases de su relación con Moscú, que ha tenido un papel protagonista en la política interna de EE.UU. durante el mandato de Donald Trump. El tratado New START, el único que queda vigente sobre armas nucleares entre las dos potencias, expira el próximo 5 de febrero. El acuerdo, firmado durante la Administración Obama como una ampliación de un tratado anterior, establece la inspección y verificación mutua de armas nucleares y la limitación de las que están desplegadas.

La Administración Trump buscó una ampliación más corta y que China se uniera al acuerdo, pero las negociaciones nunca dieron fruto. Los defensores de posiciones más duras frente a Rusia defendían una extensión de uno o dos años, aunque la propuesta de la Administración Biden será finalmente de cinco, lo que contará con más posibilidades de que Moscú lo acepte.

Fiscalizar a Moscú desde el primer momento

«New START está, sin duda, en el interés de la seguridad nacional de EE.UU. y tiene todavía más sentido cuando las posiciones con Rusia están enfrentadas», aseguró el alto cargo al rotativo de la capital.

La negociación de esa extensión no impedirá una mayor presión de la Administración Biden a Moscú. El nuevo presidente no contempla comenzar la relación con Rusia como una página en blanco, como han hecho de forma tradicional las administraciones entrantes desde la Guerra Fría. Buscará, al contrario, fiscalizar desde el primer momento a Moscú por las actividades y operaciones que han afectado a EE.UU. en los últimos años.

Asuntos como la interferencia en las elecciones presidenciales de 2016, la reciente campaña masiva de ciberataques, el pago de recompensas por ataques a soldados estadounidenses en Afganistán o el envenenamiento del opositor Alexei Navalny formarán parte de un informe que Biden ha pedido a su flamante directora nacional de inteligencia Avril Haines, el primer cargo de su Administración confirmado por el Senado.

Ese informe podría ser la base para nuevas sanciones frente a Rusia, en un comienzo de una Administración que marca un contraste con la de Trump, que se negó a reconocer la interferencia rusa en las elecciones y que buscó encontrar sintonía con Moscú, incluidas cumbres con su presidente, Vladimir Putin, a pesar de esas agresiones.

Política migratoria, medioambiental…

El cambio de dirección frente a Rusia es solo parte del volantazo que Biden quiere dar respecto a las políticas de su antecesor y que será mucho más pronunciado en clave doméstica. El nuevo presidente prometió luchar por la unidad en la jura de su cargo en la escalinata del Capitolio. Pero, pocas horas después, en su primera visita al Despacho Oval, comenzó una firma apresurada de órdenes ejecutivas, muchas de ellas para desmantelar las políticas de su antecesor. Muchos de los 74 millones de estadounidenses que votaron a Trump no verán en la batería de decretos presidenciales un intento de tender puentes por parte del nuevo presidente.

Uno de los puntos de fricción será la política migratoria, uno de los caballos de batalla de Trump en su ascenso al poder. Entre otras medidas, Biden decretó el fortalecimiento de las protecciones para los «dreamers», los inmigrantes indocumentados que llegaron a EE.UU. siendo menores; una propuesta al Congreso para una vía de acceso a la ciudadanía a los indocumentados en un proceso de ocho años; eliminar el veto a los inmigrantes de algunos países de mayoría musulmana; o la paralización de la construcción del muro con México.

Además de estas órdenes, la Administración Biden establece un periodo de cien días en el que se detendrán las deportaciones de indocumentados y en el que se revisará la labor del Departamento de Seguridad Nacional para centrarla en aquellos inmigrantes que son una amenaza para la seguridad nacional o para la seguridad pública y en la vigilancia de la frontera. El congelamiento de las deportaciones contrasta con el papel en este capítulo de la Administración Obama, en la que Biden fue vicepresidente. En su primer mandato, deportó a 1,6 millones de indocumentados. En su presidencia, Trump se quedó en 935.000, a pesar de sus promesas de deportar a «millones» de inmigrantes.

Otros decretos tienen que ver con la política medioambiental -como el reingreso en el Acuerdo de París para el cambio climático- o el ataque frontal a la pandemia de Covid-19, la crisis más urgente que sufre EE.UU. Ayer presentó la estrategia de su Administración para contener la pandemia, con la que buscará disparar los recursos para vacunación y test y que incluye el restablecimiento de lazos con la Organización Mundial de la Salud y un mandato para el uso de mascarilla en organismos y terrenos federales y en sistemas de transporte interestatales.

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