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Lozoya, sin amparo – El Diario de Yucatán

Lozoya, sin amparo - El Diario de Yucatán

Seguirá residencia bajo resguardo de la Fiscalía General

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La residencia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, ubicada en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en Ciudad de México, seguirá bajo resguardo de la FGR, así lo determinó la jueza Octava de Distrito de Amparo en Materia Penal.

La jueza le negó a Lozoya Austin la suspensión definitiva en el juicio de amparo que el exfuncionario interpuso contra el aseguramiento del inmueble dentro de la carpeta de investigación FED/SIEDF/UNAI- CDMX/0000289/2019, por el delito de lavado de dinero.

“Se niega la suspensión definitiva solicitada contra el acto reclamado”, determinó la jueza.

Según la investigación de la FGR, Lozoya adquirió la residencia con los presuntos sobornos que le habría entregado el presidente del Consejo de Administración de la empresa Altos Hornos de México (Ahmsa), Alonso Ancira Elizondo, preso en España, por haber impulsado la compra a sobreprecio de la planta Agro Nitrogenados, considerada chatarra.

Obtiene amparo

Tras concluir que el aseguramiento carecía de motivación y fundamento, el Tercer Tribunal Colegiado Penal de Ciudad de México otorgó un amparo a Lozoya Austin contra la medida mencionada y ordenó reponer el procedimiento.

La FGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf), corrigió las inconsistencias y argumentó que el inmueble, localizado en el fraccionamiento Lomas de Bezares, es objeto del delito, porque presuntamente se obtuvo con recursos de procedencia ilícita.

La titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal avaló los argumentos del Ministerio Público Federal y, en octubre de este año, la FGR procedió nuevamente a resguardar la residencia del exdirector.

Ante ello, la defensa de Lozoya interpuso un juicio de amparo contra el nuevo aseguramiento, que le fue negado por el Juzgado Octavo. En enero de 2017, la extinta PGR inició una investigación contra el exfuncionario por delitos patrimoniales en el caso Odebrecht, misma que la FGR retomó, logrando el aseguramiento de una residencia del imputado en el fraccionamiento Lomas de Bezares, que habría adquirido con los sobornos de dicha empresa constructora.

En otro hecho relacionado con el caso, el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, sufrió un nuevo revés judicial, luego que un juez federal le negó una suspensión provisional contra la “omisión” de la Cancillería de cancelar su extradición, por lo que el proceso continúa.

Ancira Elizondo está preso en España y en noviembre pasado un tribunal de apelación español desechó el recurso de súplica que interpuso contra el proceso de extradición que solicitó el gobierno de México para enfrentar la justicia por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

El empresario impugnó la omisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de cancelar o desistirse del procedimiento, ya que la orden de aprehensión en su contra quedó insubsistente por resolución judicial.

Sin embargo, el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, le negó la suspensión provisional.

En noviembre pasado, Ancira Elizondo envió un escrito a la cancillería en el que le pidió cancelar su extradición, pero el Juzgado Octavo le negó la protección de la justicia federal contra el mandamiento de captura, así como de la elaboración, suscripción y publicación de la ficha roja.

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal modificó la sentencia y le concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y, con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución.

A decir de Ancira Elizondo, el 24 de octubre de este año el Juzgado Octavo dejó insubsistente el acto reclamado y dictó una nueva resolución. Pesa a que el empresario señaló que la orden de aprehensión quedó insubsistente, promovió un nuevo juicio de amparo contra el mandamiento judicial por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de la emisión de la ficha roja.

La demanda de garantías fue admitida por el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, que le concedió al empresario la suspensión provisional y le fijó el pago de una garantía de 6 mil 500 pesos.

Al momento, la Fiscalía General de la República no tiene impedimento para continuar con la extradición del empresario.

 

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